El Consejo de Ministros dio el visto bueno al proyecto de la futura ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), que será la séptima reforma educativa de la democracia y que cambiará los currículos de primaria y secundaria. La ley abre, además, un nuevo frente con Cataluña y otras comunidades, al reducir el poder autonómico para decidir contenidos escolares en un 10% y establecer un nuevo sistema de reválidas, de contenido uniforme para toda España, a la usanza de los años 60. La Generalitat criticó la "ofensiva recentralizadora" que supone la ley y el Gobierno vasco pidió directamente la dimisión del ministro José Ignacio Wert, por una norma, dijeron ambos, retrógrada y que invade competencias.
El Ministerio de Educación no esconde que con esta reestructuración también quiere "poner freno a los contenidos identitarios" que, según apuntó el propio Wert en una cadena televisiva, se están dando en algunas comunidades en clases de geografía e historia.
Recentralización: excusas y críticas autonómicas
Hasta ahora, la comunidades con lengua propia deciden el 45% de los temarios. El ministro argumentó la necesidad de rebajara su poder de decisión al 35% para hacer una reforma "práctica e instrumental", que mejore los resultados educativos y la competitividad de los alumnos españoles y restaure la equidad territorial perjudicada, a su entender, por una "dispersión excesiva e inmanejable" de contenidos que fijan el Estado y las comunidades. También negó el carácter centralista que le reprochan distintos sectores por otras medidas como las reválidas.
La consejera de Educación del Gobierno vasco, Isabel Celaá, pidió la dimisión de Wert y calificó la reforma de "retrógrada y recentralizadora" y de "atentado al autogobierno". "Se carga el Estado de las autonomías en educación", acusó el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán Lleida. "Es inaceptable, una ofensiva total contra el Estatuto", resumió la consellera de Educación, Irene Rigau.
Bilingüismo: el nuevo peso del castellano
Otra clave de la reforma es el peso que ganarán las materias instrumentales, como las lenguas, las matemáticas y las ciencias, respecto a otras optativas. ¿Aprovechará el Gobierno para introducir garantías para que el castellano se enseñe en las comunidades bilingües con el mismo peso que en otras autonomías? Wert respondió con menos celeridad que ante otras preguntas: "Hay que reforzar la enseñanza tanto de la lengua común como de la lengua cooficial, pero eso incluye evidentemente la lengua común", titubeó sin precisar la puesta en práctica concreta del apoyo al bilingüismo.
La nueva FP básica: dos años de duración y adiós a la ESO
Con la nueva reforma, los estudiantes comenzarán a escoger ya en 3° de ESO (Educación Secundaria Obligatoria), a los 15 años, las asignaturas optativas dirigidas a cursar FP o bachillerato, cuando ahora lo hacen un año después. Para ello, se creará un nuevo ciclo de "formación profesional (FP) básica" de dos años dentro de la educación obligatoria. Estos cursos tempranos o de iniciación sustituirán a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) pero no ofrecerán la posibilidad a los estudiantes de obtener el título de Graduado en ESO. Solo dejan una vía abierta hacia la FP de grado medio y, desde esta, hacia la de grado superior. "La segregación temprana acaba con la igualdad de oportunidades que garantiza la LOE", asegura Carlos López, secretario general de FETE-UGT, que consideró "un error recolocar a los alumnos en función de sus conocimientos".
Pruebas y reválidas: 4 exámenes entre los 8 y los 17 años
Según el anteproyecto de ley, todos los alumnos españoles deberán pasar por exámenes obligatorios y comunes para todo el Estado, a los 8, 11, 15 y 17 años. Los dos primeros no tendrán consecuencias académicas, es decir, los alumnos que suspendan podrían teóricamente pasar de curso, si bien serán los equipos docentes quienes decidan si es conveniente o no que repitan. Sin embargo, en el caso de los exámenes al fin de la ESO y el bachillerato sí será imprescindible aprobar la prueba para obtener el título y pasar a otra etapa.
En la ESO el examen será distinto para quienes hayan optado por hacer FP o bachillerato. La puntuación final se obtendrá ponderando en un 70% las notas obtenidas en secundaria y en un 30% la conseguida en el examen. En el caso del bachillerato, el peso del examen final será todavía mayor hasta representar un 40% del total de la nota final del alumno. Ese examen o reválida al término del bachillerato supondrá la desaparición de la Selectividad tal cual existe ahora. No obstante, cada universidad podrá establecer sus propias pruebas específicas de acceso para seleccionar a sus propios alumnos.
"Es una reforma segregadora. Se carga de un plumazo el sentido de la evaluación continua y no supone mejoras pedagógicas sino meramente ideológicas, con reválidas que en vez de apoyar a los alumnos con dificultades, los echará a la cuneta", subrayó Jesús Sánchez, presidente de la CEAPA.
Autonomía de centros: directores elegidos por la Administración
La reforma cambia el sistema de elección de los directores de centro que a partir de ahora serán elegidos por un concurso de méritos en el que tendrá un mayor peso de decisión la administración educativa. Los directores contarán con más autonomía para decidir sobre las plantillas de profesores. Además, el anteproyecto prevé posibles "traslados forzosos" en función de las necesidades educativas e incluso prevé que los docentes puedan dar materias distintas a las que imparten, dentro de su cuerpo de especialidad, o que docentes de las escuelas de idiomas puedan ser transferidos a los institutos.
Segregación: ayudas a los centros que separan por sexo
Otro aspecto polémico es la segregación de alumnos por sexo. Esgrimiendo el artículo 2 de la Convención de la Unesco de 1960, Wert anunció que se prorrogarán los conciertos a los centros que segregan al alumnado por sexo, a pesar de las recientes sentencias del Supremo en sentido contrario y de las polémicas generadas por la decisión gubernamental. "Separar a los niños de las niñas no supone, necesariamente, una discriminación, sino una opción más de la libertad de enseñanza", ha reiterado.
Los socialistas denuncian que mientras se prorrogan los conciertos a estos centros, se recortan alrededor de 5.000 millones de euros en recursos para la pública. "Supone una vuelta al modelo franquista, elitista y segregador", remacha Izquierda Unida.
La financiación: unos 300 millones de euros para 4 años
El ministro de Educación cuantificó también ayer en unos 300 millones de euros los costes de consolidación de la reforma para los años 2016-2020, que figurarán en la memoria económica. Wert aseguró que, aunque la supresión de asignaturas optativas podría suponer una menor necesidad del número de profesores, esa reducción se compensará con el refuerzo que se va a realizar en las materias consideradas troncales. FUENTE
