- Las condiciones de acceso al Fondo de Liquidez Autonómico
fijan taxativamente que las comunidades que se acojan a la ayuda del Estado
deben satisfacer primero los intereses de la deuda. Después, deben atender las
deudas con Hacienda, las facturas pendientes y, en último lugar, las
subvenciones a las universidades y ayuntamientos.
JUANMA ROMERO (@JuanmaRomero) Madrid 02/10/2012 07:0
Primero, que se pague a la banca. Y lo último, a las universidades.
La orden es taxativa. Y se la hace el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas a las comunidades autónomas que decidan acogerse al Fondo de Liquidez
Autonómico (FLA). Al rescate, en resumidas cuentas.
La directriz figura en el Programa para la aplicación del mecanismo de apoyo a
la liquidez de las CCAA remitido a los Gobiernos regionales el pasado lunes. El
documento, de 14 páginas y al que ha tenido acceso Público, detalla todas las
premisas que deberán asumir, inexcusablemente, las comunidades que soliciten el
rescate y que esbozó el real decreto ley que dio vida al FLA, el pasado julio.
Si incumplen, se expondrán a la intervención del Estado, una amenaza bien
presente a lo largo de todo el texto, explicitada en repetidas ocasiones y
posible gracias a la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Por lo pronto, el
pliego de condiciones afecta a las cinco autonomías que han mostrado su
intención de acudir al FLA: Catalunya –la primera en acogerse al fondo y la
primera que recibe el dinero–, País Valencià, Murcia, Andalucía y Castilla-La
Mancha. Entre las cinco, suman una petición global de 15.800 millones de euros
–el 87,8% del total, 18.000 millones–.
El programa redactado por el Ejecutivo fija de modo taxativo cómo deben pagar
las CCAA sus agujeros una vez reciban la ayuda del FLA. Según la prelación
marcada por Hacienda, los pagos por intereses de la deuda son los primeros que
deben ser satisfechos. Después vienen las deudas con Hacienda y las
cotizaciones a la
Seguridad Social. En tercer lugar, las facturas pendientes a
los proveedores (contratos de obras, concesiones administrativas, conciertos
sanitarios, educativos y de servicios sociales, convenios con farmacias,
encomiendas de gestión...). Siguen las subvenciones cofinanciadas por el Estado
u organismos supranacionales que sin embargo sean gestionadas por los Gobiernos
regionales. Y por último, en quinto lugar, se atenderán las "subvenciones
o transferencias a entidades locales y universidades". O sea, lo dicho más
arriba: primero, la banca; luego, las universidades. Nada extraño, no obstante,
teniendo en cuenta que la reforma constitucional pactada el año pasado por PP y
PSOE priorizaba de forma "absoluta" el pago de la deuda.
Tipo de interés reducido
El texto señala que el dinero sólo servirá para "atender las necesidades
adicionales de financiación del déficit público (no vencimientos)" y
"únicamente podrán destinarse al pago de los intereses de la deuda, deudas
y sanciones tributarias, proveedores y subvenciones". Sólo para eso. Las
CCAA no podrán, por tanto, realizar operaciones de Bolsa, ni operaciones de
crédito en el extranjero, ni pagar nóminas. Las disposiciones que vaya haciendo
el fondo se ajustarán "a un calendario por tramos mensuales", y una
vez determinados estos, la comunidad remitirá al Ministerio de Hacienda una
relación de facturas pendientes de pago validadas por el interventor general.
El Estado no da el dinero gratis, obviamente. El tipo de interés que deberá
abonar la comunidad "será suficiente para, al menos, cubrir todos los
gastos financieros y demás costes en que incurra el FLA". ¿Pero cuál será
el tipo de interés? El documento dice que "tendrá en cuenta los costes de
financiación del FLA al plazo equivalente a la vida media del préstamo que se
conceda, incluido el rendimiento de la deuda del Estado en el mercado
secundario más un margen de 30 puntos básicos". O sea, que se cobrará el
coste de financiación del FLA más tres décimas, un tipo "reducido",
como prometió el Gobierno. El Estado, a su vez, podrá garantizarse el cobro
quedándose a cuenta con los recursos de las siguientes partidas del sistema de
financiación autonómico.
Se orienta la política económica
Hacienda incluye otro apartado con otras condiciones. Una vez que el Consejo de
Gobierno de la comunidad acuerde requerir el rescate, deberá presentar a
Hacienda un plan de ajuste que asegure el cumplimiento del objetivo de déficit
y de deuda. Lo cierto es que muchas CCAA tenían aprobado desde meses atrás un
programa de recortes, porque se les exigía para poder acogerse al plan de pago
a proveedores o a la línea ICO vencimientos. En estos casos, los Ejecutivos
regionales deberán pactar con el departamento de Cristóbal Montoro todas las
modificaciones pertinentes de ese plan para garantizar que no hay desviación
del techo de déficit. Para este año, el objetivo es del 1,5%, y para 2013, el
0,7% del PIB.
Pero el programa de ajuste deberá incorporar "el compromiso de avanzar en
la reducción del sector público autonómico, la supresión de las barreras o
trabas al mercado interior, así como la eliminación de cargas administrativas
para empresas y autónomos, así como cualquier otra reforma estructural
destinada a aumentar la competitividad y la flexibilidad económica". El
Ejecutivo de Mariano Rajoy impone así las medidas de recorte igual que a España
se las impone Bruselas. El Estado incluso requiere a las comunidades que
demanden el rescate que se comprometan a participar en un grupo de trabajo,
integrado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que consensúe
"buenas parácticas para racionalizar el gasto e incrementar el ahorro en
materia sanitaria, educación, recursos humanos, gasto corriente, gestión
administrativa...". Un grupo que alumbre, en consecuencia, más y más
recortes, más y más formas de sacar la tijera.
Especialmente dura es la parte del texto que alude a las labores de seguimiento
y vigilancia. Las comunidades deben "permitir el acceso y remitir" a
Hacienda toda la información precisa sobre sus cuentas, y deben estar sujetas a
la "supervisión" del Gobierno central. De hecho, según se vayan
acatando las condiciones, así se irán librando los tramos del préstamo. Ahora
bien, advierte el documento, si el departamento de Montoro detecta
"riesgos de incumplimiento" o desobediencia de los planes de ajuste,
propondrá nuevas medidas, cambiar el calendario o, incluso, desplazar a la
comunidad rebelde los hombres de negro del ministerio. Y si estos perciben que
los planes de ajuste no se están llevando a cabo, que el Ejecutivo regional en
cuestión no proporciona información o que se desmanda el déficit,
automáticamente se activarán los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria. Es decir, la intervención del Estado previa
autorización de la mayoría absoluta del Senado.
Ahora que se avecina Halloween, la frase super manida
durante este último año “truco o trato” por fin estará en el contexto adecuado.
Pero quizás ya no traguemos más ni con los trucos ni con los tratos que nos
proponen el Gobierno y las políticas del PP.
